Por Enrique Marcué 

Durante los dos últimos sexenios, las deudas de los gobiernos locales en México aumentaron su tamaño casi cinco veces. En 2000, el saldo total de las obligaciones financieras contraídas por las entidades federativas, así como los municipios de nuestro país, ascendía a 90 mil 731 millones de pesos; mientras que al cierre de 2012 el saldo alcanzaba los 434 mil 761 millones de pesos. Esto representa un crecimiento de casi cinco veces en 12 años (379%), lo que se traduce en una tasa media de crecimiento anual de aproximadamente 15% durante el mismo periodo. Sin embargo, estas cifras corresponden al agregado de todas las deudas contraídas por los gobiernos locales en nuestro país, y aunque todas las entidades federativas han elevado su nivel de financiamiento, la historia cambia de un estado a otro.

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Fuente: SHCP, 2013.

Lo más relevante de la gráfica anterior radica en el rápido crecimiento que han tenido las deudas de algunas entidades federativas y sus municipios. De 2000 a 2012, hubo 13 estados que multiplicaron sus obligaciones financieras al menos por diez: Aguascalientes pasó de tener una deuda de 141 millones de pesos, a 3 mil 156 millones de pesos; Campeche de 111 millones de pesos, a 1,115 millones de pesos; Coahuila de 803 a 36,422 millones de pesos; Colima de 182 a 2 mil 139 millones de pesos; Chiapas de 999 a 16,413 millones de pesos; Guanajuato de 627 a 8 mil 74 millones de pesos; Hidalgo de 163 a 3 mil 643 millones de pesos; Michoacán de 214 a 15,528 millones de pesos; Nayarit de 92 a 6,320 millones de pesos; Oaxaca de 247 a 5,660 millones de pesos; Puebla de 855 a 9,155 millones de pesos; Veracruz de 18 a 40,029 millones de pesos, y; Zacatecas de 39 a 5 mil 321 millones de pesos.

En cuanto a los niveles de deuda, a simple vista se puede observar que el Distrito Federal (58 mil 774 millones de pesos), Nuevo León (46 mil 952 millones de pesos), Veracruz (40 mil 29 millones de pesos), el Estado de México (39 mil 929 millones de pesos) y Coahuila (36 mil 442 millones de pesos)  son las entidades con mayores obligaciones financiera. Sin embargo, la deuda se debe de poner en perspectiva con el tamaño de cada estado.

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Fuente: SHCP, 2013.

El total de las deudas locales en nuestro país representa tan solo el 2.9% del PIB Nacional, lo cual puede parecer una cifra poco preocupante. Incluso cuando en algunos estados las obligaciones financieras llegan a estar alrededor del 7%, el dato sigue estando lejos de ser un problema financiero para el país. Debemos recordar que la deuda —externa e interna— de México asciende aproximadamente al 30% del PIB nacional.

No obstante, para analizar la situación de las deudas gubernamentales un aspecto fundamental se encuentra en la comparación de las obligaciones contraídas con la capacidad de pago que tienen los gobiernos locales. Los ingresos estatales se componen principalmente de 5 rubros: Participaciones Federales (ramo 28), Aportaciones Federales (ramo 33), Subsidios, Otros e Ingresos locales. Los primeros cuatro mencionados provienen del Gobierno Federal y representan, en promedio, el 90% del total de sus ingresos, mientras que los ingresos locales (impuestos locales) aportan el 10% restante. Realmente, las categorías de mayor peso son los ramos 28 y 33, que en conjunto contribuyen con el 86% de los ingresos estatales (de forma individual representan el 41% y el 45%, respectivamente), mientras que las categorías de Subsidios y Otros tan sólo representan un 4%.  Aun así, se debe de enfatizar que las Aportaciones Federales son recursos ya etiquetados que las entidades federativas no pueden canalizar al cumplimiento de sus deudas, lo mismo sucede con el rubro de Subsidios y el rubro de Otros. Por ello, los únicos ingresos que los estados pueden utilizar como colateral para respaldar sus obligaciones financieras son las participaciones federales y sus ingresos locales, siendo las participaciones las que constituyen la mayor parte (aproximadamente 80% del total). Tomando en cuenta lo anterior, es indispensable poner en perspectiva las deudas locales con respecto a esas participaciones federales (que son la principal garantía utilizada por los gobiernos estatales y municipales).

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Fuente: SHCP, 2013.

Haciendo un promedio ponderado, el total de las deudas locales representa el 86% de todas las Participaciones Federales. Sin embargo, la mayoría de los estados se encuentran por debajo de este nivel; el promedio se encuentra sesgado a la alta debido al peso que tienen las participaciones recibidas por algunos estados. Entre los estados que elevan el promedio se encuentra el Distrito Federal, cuya deuda representa el 105% de sus Participaciones Federales y recibe el 13.4% del total de las Participaciones repartidas. Del mismo modo, hay entidades federativas que impulsan el promedio ponderado a la alza sólo por sus altos niveles de deuda con respecto a sus Participaciones Federales, como es el caso de Coahuila (298%), Quintana Roo (236%), Nuevo León (208%), Chihuahua (160%), Veracruz (131%) y Nayarit (120%).

Sin duda, existen casos como los de Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León en los que las obligaciones financieras llegan a ser preocupantes, ya que se encuentran en niveles que doblan su capacidad de pago anual. Aun así, las obligaciones financieras de este tipo se cubren a lo largo de varios años. Evidentemente, es más fácil para cualquier agente económico enfrentar una deuda cuando es mayor el plazo de la misma, aunque el costo de la deuda se eleva conforme pasa más tiempo.

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Fuente: SHCP, 2013.

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Fuente: SHCP, 2013.

La mayoría de las obligaciones financieras de los gobiernos locales se encuentran negociadas a un plazo alrededor de los 15 años y con una tasa de interés anual del 6.5%. Sin embargo, llama la atención una vez más Coahuila, que es el estado con la mayor tasa de interés anual pactada con respecto a su deuda (7.7%).

Analizando todos los datos anteriores, en general, las deudas locales de los estados y municipios no son un riesgo financiero para el país, aunque existen algunos focos amarillos. Los crecimientos que han tenido las deudas en los últimos años han sido excesivos y es necesaria una regulación acerca de los mecanismos de contratación de financiamiento para evitar problemas en un futuro. Uno de los puntos primordiales debe radicar en hacia dónde se deben dirigir estos recursos, ya que los incrementos en las obligaciones financieras actualmente no se han traducido en una mejor infraestructura estatal ni municipal. Además, la transparencia en el gasto debe de tomar también un papel fundamental… ¿Por qué el Gobierno Federal debería de asumir la responsabilidad de un gasto irresponsable y discrecional por parte de un estado o municipio?

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AuthorImpacto Social Consultores