Por Joel Sánchez.

 

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Nos indignaría enterarnos que un gobierno pagara por la construcción de un puente sin que se verificara su edificación. El sentido común dicta que ante falta de evidencia probatoria de la existencia del puente, el prestador de servicios dejaría de recibir el pago y sería sancionado. Desafortunadamente, este sinsentido ocurre todos los días alrededor del mundo en casi todos los rubros en los que los gobiernos utilizan dinero público para financiar servicios con escasa o inexistente evidencia de éxito o impacto social.

La falta de evidencia del impacto de servicios y programas públicos por los que se erogan enormes cantidades de recursos es la constante y no la excepción. Por ejemplo, un gobierno puede decidir comenzar un programa para reducir niveles de deserción escolar. Sin embargo, el programa puede o no ser exitoso. En otras palabras, puede que evite que una gran cantidad de  jóvenes abandonen la escuela o puede que no evite que un solo joven lo haga. Bajo la lógica del ejemplo del puente, si el programa no reduce la deserción no tiene sentido que el gobierno pague por  él.

Es evidente que el modelo actual que el gobierno utiliza para pagar por servicios y programas no responde a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas que los ciudadanos reclaman. Por ello, es necesario encontrar mecanismos innovadores que permitan a los gobiernos sólo utilizar recursos públicos cuando los programas logren sus objetivos.

Los Bonos de Impacto Social (SIB por sus siglas en inglés) son un novedoso mecanismo que tiene el potencial de revolucionar la manera en la que los gobiernos pagan por servicios y programas. Los SIB actúan como una asociación estratégica entre gobiernos, emprendedores sociales e inversionistas privados. Básicamente, inversores privados pagan por adelantado los costos de incubación de programas propuestos por emprendedores sociales y tiempo después, una vez que el éxito de los programas se ha probado, el gobierno regresa a los inversores su inversión inicial más un pago adicional que les permite obtener ganancias. De esta forma, los SIB transfieren el riesgo de fracaso del gobierno a inversores privados, evitando dilapidar recursos públicos pero sin cerrar la puerta a la innovación social. En otras palabras, los SIB tienen el potencial de alinear recursos privados y públicos para financiar innovación social y mejorar la vida de los ciudadanos.

Si bien los SIB sólo han sido implementados exitosamente en el Reino Unido, el entusiasmo que han generado ha provocado que la administración Obama haya decidido destinar importantes recursos a financiar proyectos en los Estados Unidos. Actualmente, los estados de Colorado, Connecticut, Illinois, Nueva York, Ohio y Carolina del Sur se encuentran recibiendo asistencia técnica para implementar los primeros SIB en suelo estadounidense. En la misma tónica, Goldman Sachs ha anunciado que financiará un SIB por 4.6 millones de dólares en un programa para reducir la demanda de educación especial y remedial en Salt Lake City.

Pese al enorme potencial que los SIB tienen, su utilización está limitada a programas que reúnan características muy específicas.  Los programas que pueden ser financiados con los SIB  son aquellos que mediante la prevención pueden generar importantes ahorros al gobierno o generar resultados verificables. Por ejemplo, un programa que impida que jóvenes excarcelados regresen a prisión puede generar ahorros importantes en reducción de costos de encarcelación. Los programas también tienen que poder ser rigurosamente evaluados. Generalmente, se espera utilizar metodologías como la evaluación aleatoria que permite contestar a la pregunta de ¿cuál hubiera sido el impacto en determinado indicador social en ausencia del programa?. Por último, el programa tiene que ser escalable y replicable. Los SIB cubren los costos de incubación de programas sociales que pueden generar ahorros al gobierno, pero es éste último el que al final extenderá y escalará el programa si es exitoso. 

Si bien el modelo SIB se encuentra dando sus primeros pasos, el concepto de pagar sólo por resultados puede revolucionar la forma en la que el gobierno paga por servicios y programas. Vale la pena apostar a un modelo que puede generar mayor eficiencia y transparencia en la utilización de recursos públicos. La pregunta es si existirán políticos e inversionistas osados que abracen el modelo y consoliden una de las innovaciones sociales más interesantes de los últimos años.

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AuthorImpacto Social Consultores