Una de las críticas más importantes a nuestra democracia ha sido la alta carga presupuestal que representan las elecciones. Conforme al artículo 41 constitucional, el Estado está obligado a garantizar recursos equitativos a los partidos políticos; pero un creciente descontento con la clase política ha propiciado que el financiamiento público sea ampliamente cuestionado.

Como una medida para reducir estos costos, desde el 2007 se han realizado una serie de ajustes y reformas cuyo objetivo ha sido producir reducciones sensibles en el gasto público destinado a los partidos políticos ¿Pero, qué tan exitosas han sido estas medidas?

De acuerdo con los reportes del presupuesto asignado al Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora al Instituto Nacional Electoral (INE), el costo de organizar, operar y financiar la participación en procesos electorales ha pasado de 8 mil 454 millones de pesos en 2000, año marcado por la primer alternancia de México en el poder ejecutivo, a 18 mil 572 millones de pesos aprobados para la elección intermedia de 2015.

A primera vista, esto podría hablar de un sensible incremento en el gasto público destinado a mantener nuestro sistema democrático; no obstante, al analizar los montos presupuestales aprobados a precios constantes del 2000 es posible apreciar que, en realidad, el relativo incremento en el costo de nuestra democracia (12%) no es tan pronunciado si se contempla la inflación registrada durante el mismo período.

   
  
 
  
   Fuente: Elaboración propia a partir de datos incluidos en los Reportes Presupuestales del Instituto Nacional Electoral (INE), octubre 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos incluidos en los Reportes Presupuestales del Instituto Nacional Electoral (INE), octubre 2014.

Si el incremento en el presupuesto de la autoridad electoral puede explicarse, al menos en buena parte, por el aumento de la inflación, ¿cuál ha sido el comportamiento real del gasto de nuestro sistema electoral?

   
  
 
  
   Fuente: Elaboración propia a partir de datos incluidos en los Reportes Presupuestales del Instituto Nacional Electoral (INE), octubre 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos incluidos en los Reportes Presupuestales del Instituto Nacional Electoral (INE), octubre 2014.

Al analizar el presupuesto de la autoridad electoral a partir de sus principales componentes (gasto operativo y financiamiento público a los partidos políticos) podemos apreciar que el verdadero incremento registrado durante el período de estudio ha sido en el renglón del gasto operativo de la autoridad electoral, mientras que el gasto resultado del financiamiento público a los partidos ha registrado una tendencia general a la baja y, en particular, desde la entrada en vigor de la reforma electoral de 2007.

 

   
  
 
  
     Fuente: Elaboración propia a partir de datos incluidos en los Reportes Presupuestales del Instituto Nacional Electoral (INE), octubre 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos incluidos en los Reportes Presupuestales del Instituto Nacional Electoral (INE), octubre 2014.

¿Significa entonces que las medidas implementadas para reducir el costo del financiamiento público a los partidos han dado resultado? A partir de los datos presentados la respuesta parece ser afirmativa. Sin embargo, aún queda por aclarar el comportamiento a la alza en el gasto operativo del instituto. ¿Qué factores han contribuido a que el gasto se haya venido incrementando de manera constante en estos años?

En repetidas ocasiones, los consejeros electorales han argumentado que el incremento en los montos presupuestales del instituto se encuentran directamente relacionados con el incremento en los costos relacionados con la instalación y operación de un mayor número de casillas necesarias para cubrir las necesidades del creciente padrón electoral.

No obstante,  al comparar el incremento del gasto operativo del instituto electoral para cada elección y los incrementos registrados en el padrón electoral y el número de casillas, las proporciones en el aumento de las casillas instaladas no parecen verse reflejadas en correspondencia directa con el incremento en el gasto operativo para cada elección.

 

   
  
 
  
   Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).Cifras en pesos constantes del año 2000.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).Cifras en pesos constantes del año 2000.

El aumento presupuestal que se ha registrado entre 2000 y 2015 parece no ser  desproporcionado en términos generales, contra lo que suele argumentarse. Los ajustes realizados a partir de la reforma político-electoral de 2007 parecen haber sido exitosos hasta el momento en la reducción del gasto público destinado al financiamiento de los partidos.

En contraste, los datos sugieren que para lograr una reducción sustancial en el gasto de nuestro sistema electoral, el acento debe ponerse sobre el seguimiento, control y fiscalización del gasto operativo del instituto electoral. Debe asegurarse que el nuevo INE construya procesos más eficientes, menos onerosos y con mayores niveles de participación que contribuyan a reducir el costo del voto per cápita.

Como resultado de la última reforma político-electoral, el INE contará con nuevas responsabilidades y competencias que le obligarán a asumir nuevos costos derivados de la organización de elecciones federales, locales, consultas populares, financiamiento a  candidatos independientes e, incluso, de la posibilidad de asumir el control de la organización de las contiendas internas de los partidos políticos a petición expresa de estos. Sus nuevas funciones exigen un esfuerzo aún mayor de racionalidad en el gasto.

 

Posted
AuthorImpacto Social Consultores