Faltan 132 días para la jornada electoral en la que se renovarán la Cámara de Diputados y mil 551 puestos de elección popular en 17 entidades del país. La competencia y negociación por candidaturas al interior de los partidos políticos, entre dirigentes, corrientes y aspirantes han generado una ola de reproches a la clase política y las instituciones en México.

Una de las principales críticas se ha centrado en los funcionarios y legisladores que solicitan licencia o se separan del desempeño de sus funciones para ir en busca de un nuevo cargo público. Más allá de los juicios, lo cierto es que los llamados chapulines no son producto de la casualidad sino una consecuencia del sistema electoral mexicano.

Los chapulines

Para amplios sectores de la población, los políticos conocidos como “chapulines” confirman que en México pesan más los intereses de la clase política que los de los ciudadanos. Para el Consejo Coordinador Empresarial, esta práctica demuestra que no hay garantías del cumplimiento de las promesas que “eternos candidatos” realizan en su intento de conseguir el respaldo de los ciudadanos y llegar a su próximo cargo de elección popular. Otros, ven el salto de un cargo a otro como un intento por conseguir una posición o fuero que les permita evitar cualquier ejercicio de rendición de cuentas sobre su desempeño en el gobierno.

Independientemente de las distintas lecturas que se realicen al respecto, detrás de la perenne presencia de esta práctica en la vida política nacional reside una acentuada debilidad en el modelo de representación política de nuestra joven democracia que vale la pena revisar de cara a las próximas elecciones.

La debilidad estructural

Hasta el día de hoy, la ausencia de herramientas como la reelección o el plebiscito, han limitado la interacción entre representantes y representados al ejercicio del voto, obstaculizado la posibilidad de someter a quienes ostentan un cargo público a mecanismos directos de rendición de cuentas y generado un esquema de incentivos que, en lugar de dirigir los intereses de quienes resultan electos hacia sus representantes, provocan que el futuro político no dependa de los votantes sino de sus partidos.   

La práctica de “saltar” de puesto en puesto ha sido tan extendida porque la debilidad de nuestro sistema de representación y competencia electoral no sólo lo ha permitido sino incentivado.

La reforma electoral

Como resultado de la reforma político-electoral aprobada el año pasado, a partir del próximo proceso electoral se permitirá la reelección de presidentes municipales, síndicos y regidores (hasta por un período adicional) y de diputados locales (hasta por tres períodos adicionales), así como de diputados –locales y federales– y senadores (hasta por tres y un período extra, respectivamente) a partir de 2018. 

Se espera que estos cambios contribuyan al fortalecimiento de la representación y la profesionalización de nuestra clase política, pero el hecho de que sólo pueda accederse a la reelección a través de los partidos por los que contendieron originalmente y bajo la condición de que no renuncien o hayan perdido su militancia, constituye un serio obstáculo para el efectivo empoderamiento de los ciudadanos frente a sus representantes. 

Más aún, la nueva posibilidad de que 903 alcaldes, miles de regidores y síndicos y 639 diputados locales de 16 congresos estatales se mantengan en el cargo hasta 2021 y 2027, respectivamente, ha provocado que la lucha por dichas candidaturas eleve la proporción de “chapulines” de cara a esta elección.

Frente a estas circunstancias, la aprobación de la reelección parece beneficiar más a las dirigencias partidistas que a los ciudadanos, quienes aunque de facto cuenten con la posibilidad de utilizar su voto como un medio para premiar o castigar a sus representantes otorgándoles o no la reelección, verán limitado ese derecho por los deseos, negociaciones y estrategias de las cúpulas partidistas.