“Si vuelven, les secuestramos a alguien. Ya sabemos que sólo así nos cumplen”.  Con esta frase iniciaron los líderes de una comunidad sus planes para negociar con una empresa que pretendía construir un ducto en su territorio. Tras años de relaciones viciadas por un monopolio estatal en el sector de energía, las comunidades dudan de los beneficios sociales de los proyectos energéticos. Por eso, las evaluaciones de impacto social (Evis) son relevantes.

Hay una gran historia de relaciones entre empresas y comunidades. Los fracasos de la iniciativa privada para desarrollar grandes proyectos de infraestructura en la década de los 70 son, de hecho, el origen de la Evis, que busca que las empresas conozcan y atiendan las preferencias de actores sociales. Hoy, hay evidencia de que una buena relación con la comunidad se traduce en mayores retornos para los inversionistas.

Sin embargo, en México ha llegado tarde esta disciplina y aún hay quienes dudan de su importancia. Hace apenas unos días, un artículo en la prensa nacional criticaba las Evis como un obstáculo a la inversión. Meses antes, activistas proponían que las evaluaciones eran un mecanismo de despojo a las comunidades. Desde dos extremos se atacaba el instrumento que los legisladores construyeron para que la reforma energética se tradujera en bienestar y desarrollo.

Las evaluaciones de impacto permiten que los inversionistas conozcan las características y riesgos sociales asociados a sus proyectos, como conflictos agrarios, inseguridad, entre otros; que identifiquen a los actores que estarán potencialmente en contra o a favor de llevarlos a cabo; que conozcan las redes sociales que definen la capacidad de movilización de una comunidad y que entiendan las mayores carencias que existen para idear las mejores soluciones.

México tiene, por ejemplo, la necesidad de ampliar su infraestructura energética. La Red Nacional de Gasoductos en 2012 era de apenas 11,342 kilómetros, 43 veces menor que la de Estados Unidos. Esta carencia se ha traducido en una baja disponibilidad energética para la industria en buena parte del país. Y para subsanarla no sólo se requiere inversión sino sensibilidad y capacidad para entender y atender los problemas sociales de las comunidades que alojarán esa infraestructura. 

 Infraestructura de transporte de gas natural en México. Fuente:  SENER, 2013.

Infraestructura de transporte de gas natural en México. Fuente: SENER, 2013.

Las evaluaciones son un instrumento indispensable para reducir los riesgos sociales y, así, reducir la probabilidad de retrasos mayores y más costosos. Hoy, uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo no ha podido ser aprovechado por la ausencia de una política de relaciones comunitarias efectivas. En México, proyectos importantísimos de transporte de gas han sido detenidos por las mismas razones. Algunos más han sido desarrollados pero su operación es asediada por el conflicto.

Una buena evaluación de impacto, independiente, capaz de identificar los riesgos sociales, rigurosa para determinar los impactos de un proyecto y audaz para establecer un plan de inversión social adecuado puede ser la diferencia entre un proyecto detenido y uno que avance de acuerdo a los planes; sin duda, es lo que permitirá que los proyectos de energía se traduzcan en desarrollo para las comunidades. Son también un trámite. Vale la pena realizarlo y tomarlo en serio.