Tanhuato y Nochixtlán son dos ejemplos recientes de un problema grave; no sólo por la lamentable pérdida de vidas, sino por la crisis que reflejan en el Estado de derecho. Más allá del deslinde de responsabilidades —de la absolución o sanción de los presuntos culpables— el problema de fondo es que los ciudadanos no se sienten protegidos por sus policías ni los policías sienten la protección suficiente para hacer su trabajo.

En todo Estado de derecho las corporaciones policiales están facultadas para exigir una conducta legal de los ciudadanos. En cumplimiento de esa tarea pueden y, en ocasiones deben, imponer esas conductas mediante el uso de la fuerza. La coerción puede ir desde la mera presencia disuasiva de agentes de policía, el empleo de amonestaciones y restricciones verbales, hasta llegar al uso de la fuerza física en sus diversos grados, incluyendo la fuerza letal.

Jesús Reyes Heroles, como funcionario público, no dudaba en desplegar fuerzas policiales ante manifestantes, con la convicción de que “enseñar los dientes es mejor que usarlos”. Sin embargo, mostrar capacidad de fuerza no siempre es suficiente para evitar la violencia. Los problemas crecientemente complejos de seguridad pública, la radicalización de grupos disidentes y la pérdida de confianza en las instituciones han dificultado el ejercicio de la autoridad.

Actualmente, la agenda de seguridad pública en México —y América Latina en general— exige garantías en el empleo de la fuerza policial. Garantías que se traduzcan en legitimidad en la imposición de la ley, respeto a los Derechos Humanos y fortalecimiento de las instituciones públicas. Sin embargo, los casos de abuso o uso indebido de la fuerza han vulnerado la confianza entre ciudadanos y policías al evidenciar la indefensión de unos para enfrentar un proceso legal y otros para realizar su trabajo. 

México tiene protocolos de uso legítimo de la fuerza, aunque fueron establecidos apenas en 2012. Estas reglas además de recientes son insuficientes. En palabras del Comisionado Nacional de Seguridad “falta un marco normativo adecuado a la realidad de nuestro país (…) El uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley los lleva a adoptar posiciones encontradas e interpretaciones diversas, tanto por parte de los involucrados como en las resoluciones de los organismos defensores de los derechos humanos”.

Además de un marco normativo pobre, diversos reportes y recomendaciones coindicen en señalar como factores que alientan este tipo de casos la ausencia de capacitación y equipo para el uso diferenciado de la fuerza, así como la carencia de mecanismos y procesos para el control y sanción de la actuación policial. No es un problema nuevo ni es exclusivo de México, pero a diferencia de otros retos, éste puede ser más sencillo de solucionar.

En otras latitudes se han ensayado potenciales respuestas y no todas necesitan de grandes reformas institucionales. Se han utilizado cámaras personales de uso obligatorio para los policías, se ha transformado el ejercicio policial hacia modelos de proximidad (más viable para policías locales que la policía federal), se ha desarrollado el uso de nuevas tecnologías y redes sociales, así como también se han diseñado modelos estadísticos para predecir y prevenir conductas inapropiadas por parte de las policías.