Las Evaluaciones de Impacto Social son estudios que se realizan para identificar los efectos que tendrá un proyecto de infraestructura –pueden ser de energía, de transporte, de minería, entre otros— sobre las comunidades en un área de influencia, valorizarlos y concluir el grado de factibilidad desde el un punto de vista puramente social. Pero, ¿cómo surgieron?, ¿hacia dónde van?

Después de numerosos conflictos en la construcción de grandes proyectos de infraestructuradurante la década de los 70, el análisis de riesgos y las evaluaciones de impacto se extendieron a temas sociales, sobre todo en Estados Unidos de América y Canadá. Hasta entonces no se consideraban los impactos en la migración, el tráfico, los niveles de delincuencia o escasez de agua, entre otros impactos sociales comunes en los mega proyectos.

Pero la expansión más relevante de las evaluaciones de impacto ocurrió hasta 2003, cuando10 bancos líderes de siete países suscribieron los Principios de Ecuador. Estos Principios fueron determinados por el International Finance Corporation (IFC), el organismo encargado de promover la inversión privada dentro del Banco Mundial, y consisten en una serie de requisitos mínimos de gestión social que deben pedir las instituciones financieras afiliadas al IFC para otorgar créditos a terceros que realicen proyectos con valor superior a los 50 millones de dólares y cuyo flujo de efectivo sea el colateral para cubrir el crédito.

Desde esa perspectiva, los Principios de Ecuador fueron pensados para mitigar un riesgo financiero específico inherente a los bancos al invertir o prestar dinero en megaproyectos que corren el riesgo de ser detenidos por movimientos o activistas sociales. Los requisitos propuestos por el IFC buscan garantizar que el proyecto cuente con una visión mínima de responsabilidad social y gestión ambiental.

Sin embargo, ¿qué sucede con los proyectos que no necesitan ser financiados por los bancos afiliados al IFC? En teoría no tienen por qué cumplir con los Principios de Ecuador. Estrictamente, estos Principios sólo tienen que ser cumplidos por los proyectos que se encuentren financiados por las entidades crediticias dentro del IFC (actualmente son más de 25).

A partir de este acuerdo internacional, cada vez más países reconocen la problemática latente en las comunidades cuando se impulsa un nuevo proyecto (otro requisito potencialmente conflictivo es la consulta indígena), y por ello cada vez más países han establecido una regulación propia para asegurar que los proyectos de infraestructura o industrias extractivas cumplan con elementos mínimos de gestión social. Aunado a esto, muchos inversionistas –incluso cuando sus proyectos no están siendo financiados por algún banco miembro del IFC— han decidido no sólo cumplir con la regulación de cada país, sino que todos sus proyectos respeten los derechos humanos, tengan directrices de inclusión comunitaria y cuenten con mecanismos de atención a la comunidad.

Con este tipo de acciones, los inversionistas cumplen con una normativa de responsabilidad social y, al mismo tiempo, protegen sus inversiones ante disturbios sociales generando relaciones constructivas de mediano y largo plazo con las comunidades que hospedan sus proyectos. Este tipo de cambios ha hecho que las Evaluaciones de Impacto Social sean cada vez más comunes y tengan mayores alcances. 

Mientras que en un principio los planes de gestión social —los cuales son planes que se realizan a la medida de cada proyecto para que la empresa en cuestión los lleve a cabo y genere una buena relación comunitaria— sólo incluían medidas de mitigación de los impactos negativos, hoy también contienen medidas de ampliación de los impactos positivos, los cuales generan una mayor ayuda en las comunidades donde se opera y bien realizados también contribuyen más al desarrollo comunitario.

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AuthorImpacto Social Consultores