A pesar de décadas de trabajo y billones de dólares invertidos en impulsar el desarrollo social de América Latina, los esfuerzos gubernamentales han sido insuficientes para alcanzar niveles elevados de bienestar en la región.

Los gobiernos latinoamericanos invierten alrededor de 15% del PIB, lo que representa cerca de 887 mil millones de dólares por año, para impulsar proyectos sociales en áreas como educación, salud, vivienda, desarrollo urbano y seguridad social, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Sin embargo, los niveles de pobreza, el rezago educativo y las carencias en la cobertura de salud son alarmantes.  

Gráfico 1: Gasto en desarrollo social

Fuente: CEPAL

Más de 69 mil millones de personas viven en situación de pobreza; casi 290 mil millones personas entre 20 y 24 años no han completado la secundaria, y cerca de 68 mil millones de personas tienen un nivel de consumo alimentario por debajo del mínimo. Precisamente por ello, es necesario trabajar por mejores políticas públicas y programas gubernamentales que verdaderamente logren sus objetivos y hagan un uso eficiente y racional de los recursos públicos.

Una herramienta fundamental para trabajar en este sentido son las evaluaciones de impacto. Estas permiten incrementar el conocimiento de los programas de desarrollo, identificar áreas de oportunidad y, sobretodo, recabar información sobre el impacto que el proyecto ha tenido en los beneficiarios. De tal forma, se pueden identificar aquellos programas que sí están cumpliendo con sus objetivos de desarrollo y rediseñar o reemplazar los que no.

A pesar de la utilidad de las evaluaciones de impacto, los gobiernos las usan mucho menos de lo que deberían. Un estudio realizado por el Centro de Investigación en Desarrollo Internacional (IDRC por sus siglas en inglés) analizó el empleo de evaluaciones de impacto en una serie de países latinoamericanos y encontró que su uso es sumamente limitado.

En Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Guayana, el estudio concluyó que entre 1995-2011 se efectuaron solamente 129 evaluaciones de impacto de distintos programas de desarrollo social (desarrollo rural, educación, salud, microfinanzas, emprendimiento, seguridad social, servicios públicos, entre otros).[1] Mientras tanto, el mismo estudio reveló que en países latinoamericanos con un nivel de desarrollo relativamente más alto (México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, y Panamá) se realizaron solamente 186 evaluaciones en el mismo lapso de tiempo.[2]

Estas cifras indican que practicamente no se están realizando evaluaciones de impacto y, en consecuencia, los gobiernos latinoamericanos están tomando decisiones desinformadas para ejercer el gasto público.

Por otro lado, es sumamente importante considerar quién impulsa estas iniciativas.  De acuerdo con los datos proporcionados por la IDRC y como se desprende del Gráfico 1, la gran mayoría de evaluaciones son realizadas por agencias multilaterales u organizaciones sin fines de lucro de carácter independiente. Únicamente el 3.3% y el 0.74% de las evaluaciones de impacto son manejadas por agencias del gobierno en los países con menores y mayores recursos, respectivamente.[3]

Gráfico 2: Financiamiento de las evaluaciones de impacto en los países latinoamericanos

Fuente: IDRC

Es necesario incrementar el uso de las evaluaciones de impacto por parte de los gobiernos latinoamericanos. Ya existen algunos ejemplos de que es posible: en conjunto con la organización estadounidense Corporación Reto del Milenio (MCC por sus siglas en inglés), el gobierno salvadoreño realizó una evaluación de resultados del Proyecto Fomilenio I cuyo objetivo consistía en implementar programas educativos en la zona norte del país, con miras a incrementar la matriculación estudiantil.[4]

El proyecto incluía una serie de iniciativas como becas estudiantiles, capacitación docente, un programa de desarrollo de habilidades no formales, infraestructura y la implementacion de nuevas carreras. Durante la ejecucción del proyecto, se realizaron varias evaluaciones parciales que permitirión retroalimentar adecuadamente la política educativa. De igual manera, la Evaluación de Resultados Intermedios permitió maximizar el impacto del proyecto e incluso superar su objetivo. Se logró favorecer a más de 11 mil personas, superando el objetivo inicial de ayudar a 8 mil 400 personas.[5]

Como se evidencia, en este caso la evaluación permitió determinar si la política pública educativa estaba adecuadamente enfocada y sobretodo analizar el cumplimiento de la meta del proyecto. Como en muchos otros casos, en éste, la evaluación de impacto fue exigida por una organización internacional como condicionamiento para otorgar financiamiento al gobierno salvadoreño. Es crucial que los gobiernos busquen implementar esta evaluaciones por su cuenta e institucionalizar un sistema de evaluación de sus políticas públicas.

El gobierno mexicano, a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ha buscado recabar información objetiva acerca de la política social del país y la medición de la pobreza con el fin de rediseñar las políticas públicas, monitorearlas y adoptar decisiones informadas para su mejoramiento. Así, entre enero de 2007 a diciembre de 2014, la información proporcionada por el CONEVAL permitió modificar 2 mil 359 programas al identificar acciones de mejora.[6]

A pesar de que este sistema de evaluación representa un gran avance, es necesario fomentar más y mejores evaluaciones, con un claro enfoque en resultados. Las evaluaciones registradas ante el CONEVAL son en su mayoría de desempeño o diseño, por lo que no permiten conocer qué sirve y qué no para elevar el bienestar.

Conforme América Latina enfrenta mayores restricciones presupuestarias es esencial que los gobiernos identifiquen cuáles han sido los programas que han fallado y cuáles han tenido éxito para superar los problemas sociales en la región. Para ello, las evaluaciones de impacto son indispensables. Si bien implican costos adicionales, también representan la única manera de demostrar la relación causal entre un programa social y el bienestar de la población. Sería recomendable institucionalizar un sistema de monitoreo que permita determinar el alcance y eficiencia de las políticas públicas.

 

[1] Laura Alzua y Martin Valdivia. “Impact Evaluation for Policy Making: A close look at Latin American countries with weaker research capacities” International Development Research Centre 2013. p. 13.

[2] Laura Alzua y Martin Valdivia. “Impact Evaluation for Policy Making: A close look at Latin American countries with weaker research capacities” International Development Research Centre 2013. p. 13.

[3] Laura Alzua y Martin Valdivia. “Impact Evaluation for Policy Making: A close look at Latin American countries with weaker research capacities” International Development Research Centre 2013. p. 21.

[4] Transparencia Activa. “Gobierno presenta resultados de impacto de FOMILENIO I” April 29 2013.

http://www.transparenciaactiva.gob.sv/gobierno-presenta-resultado-de-impacto-de-fomilenio-i/

[5] Transparencia Activa. “Gobierno presenta resultados de impacto de FOMILENIO I” April 29 2013.

http://www.transparenciaactiva.gob.sv/gobierno-presenta-resultado-de-impacto-de-fomilenio-i/

[6] Consejo Nacional de Evalución de la Política de Desarrollo Social. “Uso de información del CONEVAL en la mejora de la política de desarrollo social” 2007-2014. http://www.coneval.gob.mx/quienessomos/Paginas/Uso-de-la-informaci%C3%B3n-del-CONEVAL-.aspx